Procurador adjunto lleva investigación sobre diputada involucrada en un caso de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa trabaja en la investigación abierta por el Ministerio Público, por delitos de narcotráfico y lavado de activos, contra la diputada al Congreso Rosa Amalia Pilarte López.

Amador Espinosa informó que realiza las indagatorias de lugar, desde que el 11 de junio de este año, mediante el Auto 000051, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le instruyó para llevar la investigación en virtud del privilegio de jurisdicción que le corresponde a Pilarte López, atendiendo a su función parlamentaria.

El procurador adjunto, especializado en investigación de narcotráfico, de crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales, recordó que Pilarte López figura como imputada en el expediente contra su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román, contra quienes el Ministerio Público presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega.

La acusación incluye a las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.

De acuerdo con la acusación, las empresas de carpeta son utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.

Por su participación en esta red, permanece prófugo el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, un socio de Miky López condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.

De acuerdo con el órgano de la persecución penal, la organización criminal movió entre 2007 y 2019 más de dos mil millones de pesos, información corroborada por los movimientos económicos recurrentes en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas.

El 2 de marzo de 2019 a la organización se le ocuparon 111,722 pastillas de éxtasis.

A López Florencio se le imputa la violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la anterior norma en esa materia, la 72-02. El grupo infringió, además, las leyes 11-92, sobre Régimen Tributario, y 183-02, Monetaria y Financiera.

La acusación presentada en La Vega contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para probar la culpabilidad de las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso.

En el proceso de investigación, se realizaron ocho incautaciones a 17 propiedades de lujo, valoradas en miles de millones de pesos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana.

 

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