CAROLINA RAMÍREZ HERRERA, Experta en Seguridad
El nivel de vinculación de los ciudadanos dominicanos en los asuntos relativos a la seguridad pública, siempre estará condicionado al grado de conciencia y sensibilización que tengamos sobre el hecho de que la seguridad es un bien común, al que las personas tenemos legítimo derecho de que nos sea garantizado, pero en igual medida nos compete la responsabilidad de participar y dar seguimiento a las acciones coordinadas desde el gobierno para atender este importante desafío.
Si bien es cierto que la Constitución dominicana establece como función esencial del Estado, entre otras acciones, la protección efectiva de los derechos de las personas, el orden público y el bienestar general, también es cierto que este “Estado” de igual forma incluye a una población, investida de todo el derecho de reclamar al gobierno más seguridad, pero a su vez comprometida en cumplir la ley y respetar las normas de convivencia ciudadana que nos han regido como nación.
Una sociedad informada, orientada y educada siempre tendrá mayores capacidades de empoderarse, para reclamar al gobierno central y a sus autoridades locales la implementación de políticas públicas, planes y acciones que procuren la seguridad y el bienestar de la gente. De ahí la importancia de comprender los alcances y limitaciones de ese asunto que preocupa al 74.5% de los dominicanos, denominado por muchos “el problema de la seguridad ciudadana”.
La Seguridad, en sentido llano, puede entenderse como el sentimiento de protección frente a carencias y peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida. Sin embargo, para el Estado el concepto seguridad adquiere una dimensión muy compleja, porque se sostiene con el ejercicio de diversas políticas de seguridad pública (Ciudadana, Jurídica, Sanitaria, Educativa, Laboral, Alimenticia, etc.) que afectan las condiciones de la vida social, económica y cultural de las personas.
Es importante no perder de vista que hay tantos tipos de seguridad, como actividades pueda realizar el ser humano. Particularmente, cabe destacar la Seguridad Pública, (también llamada -seguridad interior) la cual es totalmente perceptiva, como también es el caso de la seguridad internacional. A diferencia de esta última, en la seguridad pública es el ciudadano quien percibe la amenaza; y su protección se realiza dentro del régimen de monopolio de la violencia. Internamente, el Estado detenta ese monopolio legítimo, constituido por las fuerzas de seguridad pública y de justicia.
En contexto estatal, hay aspectos más complejos, como es el caso de la Seguridad Nacional, que puede ser definida como aquella situación en la cual el Estado tiene garantizada su existencia, la integridad de su patrimonio, sus intereses nacionales, así como su soberanía e independencia; entendida ésta como la facultad que posee de actuar con plena autonomía en el campo interno y libre de toda subordinación o presión de elementos externos.
Mientras que la Defensa Nacional, solo comprende el conjunto de previsiones y acciones que permanentemente adopta o coordina el gobierno para garantizar la supervivencia y permanencia del Estado, incluyendo su integridad, unidad y autodeterminación, posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en las mejores condiciones; es decir, que permitan al Estado alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales, pese a los antagonismos o presiones, tanto en el campo externo como en el interno.
En el caso de la Seguridad Ciudadana, se refiere exclusivamente a la garantía de la integridad física, que el Estado debe proveer a todas y cada una de las personas que habitan nuestro territorio, asegurándose de que estén libre de violencia o amenaza de violencia o del despojo intencional de sus bienes y propiedades. Y que en el caso de que su seguridad haya sido vulnerada, exista un sistema de justicia lo suficientemente robusto para penalizar el hecho y procurarle resarcimiento de forma eficiente y oportuna.
La seguridad ciudadana, es una situación institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus libertades y derechos. Pero ésta solo puede darse a partir de la plena vigencia de un Estado Democrático de Derecho, para garantizar el desarrollo integral de las personas, mediante la preservación de su integridad física y la de sus bienes y propiedades.
Pese a que la seguridad y la defensa nacional, son elementos esenciales para garantizar la supervivencia del país, es altamente compresible que la ciudadanía preste mayor atención a la situación intranquilidad y desasosiego que generan los actos de violencia, criminalidad y delincuencia común, a los que con mucho mayor frecuencia e intensidad se ha visto sometida la república dominicana.
Por lo que el gobierno, sin desatender otros asuntos cruciales para la seguridad nacional (la política migratoria, el control de la frontera, la política exterior, etc.) debe procurar soluciones integrales que, por un lado ataquen las posibles causas del problema de la seguridad ciudadana (desempleo, corrupción, falta de oportunidades, irrespeto a la ley y a la autoridad, entre otros) y por el otro lado, aborden de forma simultánea acciones para reducir los índices de violencia y falta de seguridad que afectan la población dominicana.
La seguridad es un asunto multidimensional y sumamente complejo, que no debe ser abordado con planes aislados o perentorios, sino como parte de una política pública de largo plazo, de carácter estructural, que trascienda lo puramente coyuntural, con propuestas de soluciones acorde con la realidad dominicana, las cuales deben ser resultado de un arduo proceso de discusión y reflexión entre la autoridad pública y los ciudadanos, que ya desde el enfoque de seguridad democrática, los ciudadanos no somos simples receptores, sino que pasamos a ser corresponsables en el desarrollo, preservación y fortalecimiento de esa seguridad, entendida y asumida como un bien público.
Con frecuencia se dice que “La seguridad ciudadana es asunto de todos”, sin embargo, ya es tiempo de esa expresión deje de ser un simple cliché y que todos los dominicanos comprendamos el nivel de responsabilidad que cada uno de nosotros ante esta problemática. Es momento de empezar a revisar cómo cada una de nuestras acciones (en lo público y en lo privado) nos aleja o nos encamina hacia la construcción y fortalecimiento ese estado de bienestar y seguridad ciudadana que todos anhelamos y que por demás, nos merecemos.
